La Contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal contra la actual presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, Astrid Álvarez, por autorizar ilegalmente pagos por más de $2040 millones, sin soportes de gastos, a favor de Berkeley Research Group la empresa involucrada en espionaje a los trabajadores y el sindicato de pilotos de Avianca.
La señora Alvarez ha sido la mano derecha de Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, en 1998 ocupó la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB y se mantuvo en el cargo incluso durante la administración de Antanas Mockus hasta el 2004.
La dama de hierro neoliberal, privatizó las áreas operativa y comercial de la EAAB mediante la lesiva figura de la gestorización, zonas de operación en que dividieron a Bogotá, mediante unos contratos que duraron 12 años, de pérdidas de agua, sobrecostos y ganancias para los especuladores privados. Todo esto, hasta que la acción popular interpuesta por Sintraemsdes falló al final del año 2012 dando la razón a los trabajadores quienes invocaron la violación del derecho al patrimonio público. Los magistrados indicaron que la administración debería abstenerse de suscribir éste tipo de contratos leoninos. Los beneficiados de las andanzas fueron Aguazul, Proactiva, Aguas Capital de los Nule. Todo un desastre
En 2014 inició su respaldo a la campaña de Enrique Peñalosa, siendo nombrada la jefe de campaña que le valió el cargo como presidenta del Grupo energía desde 2016 puesto que de tajo le costó a la ciudad más de $1.000 millones de pesos. Lamentablemente en diciembre de 2019 y tan solo a 3 semanas de la posesión de Claudia López como alcaldesa de Bogotá, la Junta Directiva del Grupo Energía la ratificó en el cargo, lo cual conlleva necesariamente a un detrimento económico empresarial por cuanto la nueva Junta directiva anunció con sobrada razón que Astrid Alvarez, ya no continuaría en el cargo, nada presentable, porque incluso se denuncia que es propietaria de un predio en la Reserva van der Hammen.
Seguramente la señora podría alzarse con al menos mil a dos mil millones que saldrán de los bolsillos de los usuarios del servicio de energía por cuanto al ser ratificada la irresponsable por la Junta Directiva anterior le otorgaron unos supuestos derechos a ultranza.
Gloria Astrid Álvarez Hernández, reemplazó a la detenida Luz Zoraida Rozo Barragán en la gerencia de la campaña de Peñalosa a la alcaldía, en la época, fue demandada por detrimento patrimonial superior a $15 mil millones, en calidad de representante legal de la firma Baliza SAS, según Sintraemcali.
Siendo la gerente de la empresa privada Baliza logró en 2014 un contrato directo con Emcali, que podría haber violado las normas de contratación y estando allí fue denunciada por Sintraemcali por supuestamente adelantar acciones relacionadas con el paramilitarismo y conexidades con la operación dragón que pretendió el asesinato de líderes sindicales y defensores de derechos humanos.
La investigación de la Contraloría se conoce en momentos en los que también se empieza a revelar la venta de acciones a precios subvalorados. Se trata de una venta con la figura de capitalización una forma burda de privatización autorizada por las mayorías neoliberales del Concejo de Bogotá en el Plan de Desarrollo de Peñalosa en el 2016.
Ahora la Contraloría, le ordena el juicio fiscal que además también cobija a la ex vicepresidenta jurídica de la misma empresa, Diana Margarita Vivas y los interventores Alejandro Botero y Mónica Jiménez, sin afectarlas con medidas cautelares.
En una investigación preliminar que llevó a cabo la Contraloría de Bogotá por el contrato que registró el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) con la empresa Berkeley Research Group, se encontró irregularidades administrativas al hallar pagos por más de 2040 millones a la empresa BRG, sin los respectivos soportes de gastos.
Los hechos son tan graves que la Contraloría compulsó copia de la investigación a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General, con el fin de determinar posibles responsabilidades penales y disciplinarias.
Recordemos que Bogotá D.C. es accionista en una 65% de la Grupo de Energía de Bogotá y los recursos manejados por el GEB son públicos y pertenecen a los bogotanos.
La compañía Berkeley Research Group, aparece dentro del proceso de investigación por chuzadas ilegales a los pilotos de Avianca, contra el Director General del Grupo Enel en Colombia, Lucio Rubio y contra el abogado Felipe Jaramillo, oponente en un litigio jurídico contra el mismo Grupo de Energía de Bogotá.
En un escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación contra Laude Fernández, ex representante legal de Berkeley Research Group, actualmente preso por el proceso investigativo por las chuzadas ilegales, se confirma que la compañía entregó al Grupo de Energía de Bogotá, un folio identificado como “Caso Eje Cafetero” con información confidencial, sensible Y privada, que beneficiara a la GEB.
