EL PAIS SE INUNDA A SEIS MESES DEL BLOQUEO A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL EN TORNO AL AGUA COMO BIEN PÚBLICO Y COMÚN
La crítica situación nacional producida por las inundaciones de pueblos enteros y de tierras productivas en todo el país, acrecienta el absurdo de la negativa del pasado Congreso nacional a las propuestas del referendo de agua, avaladas por más de dos millones de firmas de ciudadanos dispuestos a votar por una nueva plataforma constitucional que diera piso a una política integral del agua en el país,[1] para evitar a largo plazo que millones de colombianos sigan sin acceder al agua potable, que millares de niños sigan enfermando o muriendo por ello, o que decenas de municipios permanezcan anegados gran parte del año, antes de dar paso a las trágicas sequías…
Esa postura de la clase política, no permitió llevar a debate un modelo de uso del agua todavía basado en la desecación de humedales, en la destrucción de páramos, en la devastación de los bosques andinos y en la extensión de potreros en los cuales la ganadería extensiva pisotea riberas y extiende latifundios, como forma de ampliar grandes propiedades rurales sin importar que ello conduce a inundaciones de ciudades enteras. Ni dejó avanzar el debate nacional sobre la otra cara de ese modelo: el uso de los ríos y humedales como botaderos de basura y de aguas servidas, que además de destruir la vida misma, dificultan el ciclo del agua, ya enfrentado de hecho a los efectos globales del cambio climático.
Pero lo más grave es que esas mismas mayorías parlamentarias, se aprestan ahora a incrementar esos problemas, a través de su apoyo incondicional a un nuevo plan de desarrollo basado en propuestas que suponen un uso o afectación intensiva del agua por parte de las políticas forestales, agroindustriales, petrolera y minera, que ahora intensifican la demanda de agua como insumo, generalmente gratuito y a costa del derecho fundamental al acceso al agua potable. En efecto, la gran minería, sustentada como fuente de recursos para resolver la crisis fiscal, de no mediar una fuerte y amplia movilización social y política que la rechace se expandirá y a continuará la destrucción de cuencas enteras, y la política de los planes departamentales de agua, predominantemente urbanos, imponen ordenamientos territoriales que tienden a descomponer lo que queda del campo, y profundizan la inviabilidad financiera de los municipios que al no poder cumplir con las imposiciones financieras de dichos programas, probablemente tendrían que aportar el agua misma en sus fuentes en los mercados crecientes del recurso.
Al lado de ello los gobiernos locales avanzan en los procesos de concesionamiento y gestorización privada del agua potable mediante esquemas de prestación especulativos en contra de los municipios y los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 en la forma como acaba de suceder en Acuavalle, los contratos de Empresas Públicas Municipales de Cali y la continuidad de los contratos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Como se ve, el agua es un elemento esencial para la vida, pero a su vez es un hilo conductor de los problemas y conflictos nacionales, y un principio básico para recuperar la dimensión de los bienes comunes y públicos, y uno de los temas alrededor de los cuales se podría reconstituir un pacto social básico en torno a la sustentabilidad y la justicia social auténticas. El agua misma convoca a la reflexión y a la movilización nacional; y el movimiento del agua continúa: Se preparan foros regionales impulsados por la organización sindical nacional que agrupa a los trabajadores de los acueductos del país, Sintraemsdes; los acueductos comunitarios, perseguidos por la ley 142 como microempresas ineficientes a pesar de ser un verdadero patrimonio de la gestión pública comunitaria nacional, avanzan en la organización de su Asociación nacional; los pescadores artesanales siguen su lucha por proteger ciénagas, ríos y dinámicas costeras; y los vecinos de proyectos como El Quimbo, continúan en la lucha por no dejarlos pasar, los usuarios de los servicios públicos mantienen sus protestas en rechazo a los aumentos tarifarios y en la exigencia del acceso al agua.
El Comité Nacional en defensa del Agua y de la Vida, convoca a la ciudadanía a continuar la brega por hacer de las propuestas de referendo un debate nacional, y un horizonte de lucha social hacia la transformación profunda del modelo de desarrollo que hace del agua una amenaza, antes que un principio de vida.
A consolidar los procesos regionales convergentes, amplios y democráticos para la defensa de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio público, el patrimonio natural y el medio ambiente, la moralidad administrativa y el acceso universal al agua como derecho fundamental.
La Declaración final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba, en Abril pasado, y a la cual nos adherimos es clara en advertir sobre las consecuencias de la expoliación de la naturaleza y sus efectos en el cambio climatico, el aumento de la pobreza, la transnacionalización de la gestión del agua, la privatización de fuentes hidricas, el aumento de las emisiones de dioxido de carbono por los países desarrollados y llama a desarrollar referendos en las ciudades de todo el mundo para protestar y denunciar las acciones y conductas que estan llevando al desastre contra el ser humano, la flora y la fauna y la misma existencia del planeta tierra y se llama a forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos.
COMITÉ NACIONAL EN DEFENSA DEL AGUA Y DE LA VIDA
[1] Las propuestas del referendo del agua, en Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, “Manifiesto al país”, julio de 2010. En www.censat.org, o www.ecofondo.org, entre otros.
