Aunque la seguridad no fue una de las grandes beneficiadas dentro del plan de inversiones para este año proyectado por el Distrito, el presupuesto para este sector no es despreciable. En promedio, la ciudad se estaría gastando 535 millones de pesos al día, lo que equivale a 372.000 pesos cada minuto.
Son más de 195.554 millones de pesos destinados directamente a temas de seguridad y convivencia para el 2014, manejados por la Secretaría de Gobierno, los fondos de desarrollo local y el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), que no cubre el sueldo de los uniformados.
Esta cifra no varía significativamente con los presupuestos que han sido asignados durante los últimos cuatro años. Según datos de la dirección de seguridad de la Secretaría de Gobierno, es el presupuesto más alto desde el 2011, cuando se planeó una inversión de 182.425 millones de pesos.
Tampoco se aleja del gasto que hacen otras grandes ciudades del país, como Medellín.
Para el caso de los paisas, se tiene presupuestado hacer una inversión cercana a los 187.000 millones de pesos en esa materia, teniendo en cuenta que allí hay menos de la mitad de la población de Bogotá. Piensan entregar más equipos de telecomunicaciones (celulares Avantel, localizadores y tabletas) y comprar motos y patrullas para los cuadrantes, así como construir estaciones de Policía y un laboratorio de criminalística, que estarían listos en el 2015.
Para el caso de Bogotá, más allá del monto que se destina año tras año a la seguridad, la pregunta que se hacen sus propios ciudadanos es si este va dirigido a las verdaderas necesidades de una capital que, si bien logró reducir los índices de criminalidad en 2012, el año pasado y este, no ha tenido suerte en la baja de lesiones personales, y el número de casos relacionados con hurto sigue siendo alarmante, más aún porque no todas las víctimas denuncian.
Para expertos en el tema, en la capital no se ha hecho un manejo acertado de los recursos.
Mientras en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2014, la idea es que ese dinero vaya dirigido particularmente a estrategias que puedan disminuir los indicadores de criminalidad, prevenir los delitos, mejorar los equipos tecnológicos para las autoridades y fortalecer la línea de atención de emergencias 123, varios coinciden en que los resultados no son perceptibles.
Reforzar equipos
Solo hace una semana varios vecinos del barrio La Macarena se quejaron por la falta de motos que tiene la Policía para atender las emergencias. “Los recursos que tienen (para movilizarse) no les alcanzan. Llegan infartados a responder los llamados”, aseguró uno de ellos.
Según la dirección de seguridad de la Secretaría de Gobierno, este año el FVS destinará más de 17.000 millones de pesos en el fortalecimiento de equipos para la seguridad y la justicia. También 80.000 millones más para, entre otras inversiones, adquirir algunas otras herramientas, incluyendo medios de transporte para los uniformados y cámaras de video.
Solo hace un par de semanas, el FVS anunció la entrega de 166 motos, una negociación con la que se habrían ahorrado $ 800 millones.
Actualmente, Bogotá cuenta con 715 vehículos que son utilizados por los uniformados, y no todos son propios. De los 317 que hoy tiene a su cargo el Fondo de Vigilancia, 287 están funcionando.
Lo mismo pasa con las motos. De las 2.322 que tiene la ciudad, 265 están en proceso de verificación técnica, según el FVS.
Para Hugo Acero, especialista en seguridad ciudadana, el desarrollo tecnológico en el que se estaría trabajando no ha tenido una planeación previa, y menos en equipo. “No hay un proceso de planeación, de ejecución ni de seguimiento. Hay una falta de comunicación porque no se sabe quién lleva el proceso (y) no hay un manejo gerencial, como en el caso de Medellín, donde hacen un trabajo importante en el tema tecnológico”, dijo.
Cámaras, ¿en qué zonas?
Sumado a los automotores, Bogotá tiene 411 cámaras de seguridad, que en muchos casos son determinantes en el desarrollo de una investigación. Según el Fondo, 211 son propias y 200, rentadas. Lo curioso es su localización y el costo mensual del mantenimiento. De un lado, mientras en Chapinero hay 66 y en Teusaquillo 51, en Ciudad Bolívar –una de las localidades con mayor conflictividad– solo cuentan con 8 y en Bosa, con 12. Lo mismo pasa con San Cristóbal (10), otra zona que históricamente se ha caracterizado por sus numerosos problemas sociales.
Del otro, solo en costos de operación, cada cámara propia le cuesta a la ciudad un poco más de un millón de pesos, y para el caso de las rentadas, casi dos millones, que incluyen la conectividad, el software y la grabación.
Para el general (r) Luis Ernesto Gilibert, la tecnología apoya la seguridad, pero no lo es lo único. “La tecnología, como las cámaras, ayuda, pero necesita del recurso humano. Lo primero que yo haría sería pedir capacitación para mis policías, en compromiso, en motivación, que es baja. Y buscaría otros sistemas de control que me permitan controlar a mis hombres, su servicio y honestidad”, explicó.
Crece vigilancia privada
Y así como la ciudad invierte dinero para avanzar en temas de seguridad, los ciudadanos optan por contratar empresas privadas para blindar sus bienes de los delincuentes.
Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el número de empresas que prestan este servicio –sin contar con las transportadoras de valores– alcanzaba las 483, hasta junio de este año. De esa cantidad, el 90 por ciento hace uso de armas.
Incluso, los indicadores financieros que dejó el año pasado fueron positivos. Y basta con mirar el crecimiento que ha tenido este sector en los últimos siete años para corroborar que los ciudadanos piensan que la seguridad es una prioridad.
De acuerdo con los datos de la Superintendencia, mientras que en el 2010 el sector recibió cerca de 5.000 millones de pesos, el año pasado la inversión por la prestación de este tipo de servicios alcanzó los $ 6.784 millones. Esto, incluyendo la vigilancia privada, empresas blindadoras, escuelas de capacitación, entre otras.
La apuesta: seguridad y convivencia
Según la dirección de seguridad de la Secretaría de Gobierno, Bogotá le está apostando a formular e implementar políticas públicas de convivencia, derechos humanos y acceso a la justicia, y a orientar la inversión en prevención y desarrollo de la seguridad.
Una de las estrategias es 75/100. Esta, según la dirección, se implementó en 75 territorios, en los que se presentan el mayor número de situaciones violentas y se concentran el 52 por ciento de los homicidios. Incluye a las localidades de Suba, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Los Mártires, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Usaquén y San Cristóbal.
Sumado a ello, para el caso del Fondo de Vigilancia y Seguridad, los proyectos que tienen en mente son el fortalecimiento de los equipos, la línea de emergencias y la implementación de acciones articuladas para la construcción de territorios de paz, mediante prevención.
“Las decisiones sobre nuevas inversiones o la destinación del presupuesto de inversión son tomadas por la junta directiva del FVS, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por los organismos de seguridad y defensa”, indicó la entidad.
ALEJANDRA P. SERRANO GUZMÁN
Redactora de EL TIEMPO
