DE FRENTE A LA TRANSNACIONALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
II CONGRESO UNION NACIONAL DE USUARIOS Y DEFENSORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE COLOMBIA
Medellín, Colombia, 8 y 9 de diciembre de 2009
Por: www.rodrigoacosta.com, www.uniondeusuarios.org, rodrigoacostab@gmail.com
Las telecomunicaciones son un asunto esencial a la soberanía y al desarrollo de los pueblos. Substancialmente porque los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, y la provisión de redes hacen uso de elementos que han sido catalogados como territorio nacional y patrimonio natural son ellos el segmento de la órbita de los satélites geoestacionarios, el espectro electromagnético, la plataforma continental y el espacio aéreo.
Esta es la base sobre la cual se ha construido en forma colectiva la infraestructura o patrimonio público representado en las empresas estatales de telecomunicaciones, financiada gracias al pago de las tarifas por parte de los usuarios y por las contribuciones de impuestos de la misma ciudadanía contribuyente.
En éste sentido el patrimonio público y el patrimonio natural inherente permite la prestación de todos y cada uno de los servicios de telecomunicaciones, que son un derecho económico y social de los habitantes que día a día se acerca a ser un derecho humano conexo al derecho a la información a la educación y al conocimiento, pero que hoy como producto del proceso del capitalismo monopolista transnacional se les niega a amplias capas poblacionales en la medida que se ha venido convirtiendo en un sujeto propenso de la especulación negando su acceso universal.
Han sido las privatizaciones tanto de las empresas estatales, del mismo sector de las telecomunicaciones, así como de los recursos de los cuales hacen uso, el camino para ésta monopolización que hace perder la autonomía en las telecomunicaciones y por ende la seguridad en el campo económicos, político, territorial e incluso en el mismo conflicto interno que se vive en Colombia.
Es así como se produce por esa clara posición antipatriótica de los mandatarios nacionales, locales y la clase política dominante, la privatización de nuestras empresas nacionales y al caso un duopolio por parte de Telefónica de España y Telmex de México.
Los Monopolios:
Telmex: Sin que mediara acción del Estado y con el silencio cómplice del Ministerio de las Comunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión adquiere el monopolio de casi la totalidad de las redes de Tv por suscripción: adquiere así 760.577 abonados entre los suscriptores de Cablecentro, TV Cable, Superview, Cablepacífico y Satelcaribe (valor de compra US$300 millones por TV CABLE, CABLE PACIFICO, y SUPERVIEW en U.S.$40 millones . Con estas redes prestan además de TV, voz e Internet en diversas regiones. Cablepacífico tiene licencia de operación nacional.
Telefónica de España: Adquiere en el 2008 una licencia de operación de TV Digital. Se alza gracias a la entrega del gobierno de Colombia con la explotación de la infraestructura de TELECOM, conformada así:27 EMPRESAS DEPARTAMENTALES, más 14 TELEASOCIADAS: Telearmenia, Telecaquetá, Telecalarca, Teletolima, Teletulúa, Telecartagena, Telesantarosa, Telemaicao, Telebuenaventura, Metrotel, Telehuila, Telupar, Telenariño, Telesantamartha. Siendo en ese momento Telecom el único operador en 21 (66%) de las 32 capitales de Departamento, con exclusividad en más de 750 (80%) de los 943 municipios con telefonía local con una red de fibra óptica de 4200 kms con dos anillos concéntricos con capacidad de un millón setecientos mil canales, con res cabeceras de playa del cable submarino que cubría la transmisión del 60% del tráfico internacional, con más de 5000 estaciones terrestres de microondas, 3152 canales satelitales de voz en el mundo.
Los operadores celulares: Comcel como subsidiaria de Telmex y Movistar como subsidiaria de Telefónica de España tienen el control casi total de la movilidad con ingresos que superan los $8.169 miles de millones de pesos a diciembre de 2007 y Millicon se apropio del 50% más una acción y el control de Ola hoy Tigo que presta el servicio de Telefonía móvil personal.
(1) Obsérvese entonces que en cuanto a la seguridad pública, la misma Constitución Nacional en sus artículos 2°, 4, 189, 217, 218 y 296, entre otros, se refiere a la vigencia de un orden justo, como un fin esencial del Estado, y a las competencias de las autoridades territoriales, para conservar el orden público en todo el territorio: La seguridad es la premisa para el ejercicio de los demás derechos y el goce de las libertades públicas. El alcance de este derecho colectivo ha sido fijado así por el Consejo de Estado: "su contenido general, implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas" (Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 2002-02788 AP, del 13 de mayo de 2004.)
Debemos detener las privatizaciones en las regiones:
Al acercarse el fin del mandato del Presidente Álvaro Uribe, se profundiza la tarea de entregar el patrimonio público a las transnacionales. Detrás de la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, y del componente de telecomunicaciones de las Empresas Públicas Municipales de Cali EMCALI EICE, así como de las propuestas privatizadoras contra las Empresas Públicas de Telecomunicaciones de Medellín EPM UNE, está la entrega a extranjeros de las empresas más rentables y de avanzada tecnología para su vil explotación y el desangre de los bolsillos de los usuarios.
Uno de los principales argumentos esgrimidos para sustentar la necesidad de un socio estratégico, y supuestamente “capitalizar”, son los viejos supuestos de rezago tecnológico y la imposibilidad de acceder a nuevos mercados. Desde luego que basta con revisar la avanzada infraestructura de las redes multi-servicios basadas en las plataformas MPLS y las redes de nueva generación NGN y las cuantiosas inversiones que han hecho estas empresas, así como las facilidades otorgadas por la ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS para darse cuenta de las posibilidades enormes que tienen estas empresas, que hoy son del Estado, que cumplen una función social contribuyendo a la financiación de los planes de desarrollo, además de su alta rentabilidad operacional.
Con la venta de nuestras empresas se ocasiona un mayor aumento tarifario en los servicios públicos y las ganancias irán a engrosar las finanzas de los extranjeros sean españoles, mejicanos o gringos, en detrimento de la inversión social en educación, salud, vivienda y saneamiento básico de la población, profundizando la lógica especulativa y la desatención del Estado con sus ciudadanos, máxime que por efecto de diversas normas se están desmontando los subsidios y el ejercicio del poder soberano de dichas empresas en la gestión de los servicios públicos.
Estos procesos van al lado de las autorizaciones de los alcaldes por lo que es necesario denunciar como Samuel Moreno en Bogotá y Jorge Iván Ospina en Santiago de Cali, traicionan la población e incumplen sus promesas electorales, incluso violan los programas de gobierno, los planes de desarrollo regional y el mismo ideario de unidad del Polo Democrático Alternativo (partido de gobierno para el caso de Bogotá), con lo cual se burla la voluntad del pueblo que votó por la recuperación de las empresas y su fortalecimiento. Poniendo de presente que los mandatarios locales no han acogido las propuestas presentadas y sustentadas técnica y socialmente y que buscan la integración de las empresas públicas con alianzas estratégicas en América Latina y el Caribe sin que ello signifique la privatización o venta de las empresas estatales.
Es claro entonces que debemos evitar a toda costa la rapiña extranjera y nacional y que no se pierda el patrimonio de las ciudades más importantes del país. Es la hora de ejercer el derecho a la movilización social y a la lucha política honesta, sobre la base de una ciudadanía doliente y comprometida para salvar a E.T.B., EMCALI-EICE Y EPM-UNE.
El caso EMCALI: El pasado 28 de agosto de 2009, el Concejo de Santiago de Cali, siguiendo los lineamientos del presidente Uribe y de la Superintendente de los Servicios Públicos Eva María Uribe, aprueban el acuerdo 275 presentado por el Alcalde Jorge Iván Ospina, el cual desmembra el componente de telecomunicaciones de las Empresas Públicas Municipales de Cali EMCALI eice esp, inicialmente se crea una empresa con mayoría estatal pero de inmediato se autoriza vender a uno o varios “aliados estratégicos” hasta el 49% y después hasta otro 15% más de la participación social de ésta empresa cediéndose propiedad y control.
El gobierno nacional que tiene el control de EMCALI, mediante intervención de la Superintendencia, suscribió un estudio de consultoría con BBVA VALORES una subsidiaria del BBVA, en un claro conflicto de intereses, puesto que la información estratégica de EMCALI EICE ESP está en manos de BBVA VALORES que depende del BBVA que tiene una alianza estratégica con TELEFÓNICA DE ESPAÑA. Este Intercambio accionarial comprendió el que BBVA ampliara su participación en Telefónica hasta el 10% y Telefónica comprará un 3% de BBVA y como consecuencia de ello BBVA tendrá dos vicepresidentes en Telefónica de España y Telefónica de España uno en BBVA. (2)
El caso E.T.B.: El 27 de marzo de 2009 la asamblea de accionistas autoriza la venta de E.T.B. hasta completar el 49% en manos privadas pero a su vez soltando el control empresarial, mediante decisión adoptada a través de los representantes del socio mayoritario de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, en cabeza de la delegada del Alcalde Mayor de la Ciudad que representó la mayoría de acciones de la empresa. Si bien el clamor de los socios minoritarios independientes era de que no se autorizara a la Junta Directiva y al Presidente de ETB el proceso de búsqueda de un socio estratégico para invertir en ETB mediante la capitalización, la presidenta de la Asamblea de accionistas Martha Veleño y representante del Alcalde Mayor impuso su representación ante la protesta masiva de los asistentes.
El estudio contratado por E.T.B. a través de la Banca de Inversión: Banco Santander Global Marking and Markets no tuvo en cuenta la posibilidad de que E.T.B pudiera obtener la autorización general para la prestación de los nuevos servicios de telecomunicaciones que la competencia venía prestando y que de haberse hecho hubiera dado un horizonte ampliamente optimista ya que el flujo de caja futuro de la E.T.B. debe aumentar con la prestación de esos nuevos servicios.
También se desconoce la forma como ETB ha aportado en los últimos 5 años más de 900 mil millones de pesos al Distrito Capital, y más de 2 billones de pesos desde la fecha en que Enrique Peñalosa había adelantado una propuesta igual que fue rechazada por la ciudad y Sintrateléfonos en 1998.
Todos estos beneficios de ETB son importantes utilidades sociales y económicas que alcanzó la suma de $204 mil millones a diciembre de 2008 que se invierten en el plan de desarrollo de la ciudad capital para salud, educación, comedores comunitarios e infraestructura, pero que ahora serán utilidades que serán repartidas muy seguramente con una de las transnacionales del sector telecomunicaciones.
El anuncio de la banca de inversión era de conocimiento público ya que desde el 8 de septiembre de 2008, el Presidente de ETB, hizo público los términos de invitación a las empresas que querían participar en la realización de los estudios. Lastimosamente la confianza en la palabra empeñada por el Alcalde no permitió la inmediata movilización ciudadana para enfrentar esta propuesta y otras que son heredadas por otras administraciones en particular la de Enrique Peñalosa como es el debate sobre la propiedad y distribución de utilidades de Transmilenio.
Recordemos que en forma similar en el año 1998 el concejo de Bogotá había aprobado la venta de ETB y la Dresdner Kleinwort Benson la valoró en tan solo 2.032 millones de dólares, menos de una tercera parte del valor si de evaluar desde lo simple económico se trata, época cuando fue Alcalde Peñalosa y presidente de ETB Sergio Regueros el hoy Presidente de la española Movistar y quien tenía diálogos listos con Telefónica de España y Telecom Italia.
La lucha de los trabajadores de ETB hizo que se aplazara la venta, el castigo de los privatizadores fue inclemente, fuimos despedidos Presidente, Fiscal y la Secretaria de prensa de Sintrateléfonos de ese entonces al lado de otra veintena de trabajadores y a mas de 600 trabajadores de base se les abrió proceso disciplinario por las luchas dadas. Hasta que nuestra persistencia a nivel nacional e internacional y las denuncias tuvieron eco en la Procuraduría que encontró irregularidades y la venta se suspendió en el año 2000, pero allí lograron vender el 6 por 10 mil al sector privado representado en especial por fondos privados de cesantías y pensiones y otros accionistas todos ellos en su gran mayoría de los grupos económicos, 1,99% en manos de la Universidad Distrital y un 98% en manos del Distrito Capital.
En el año 2003, se produce otra venta parcial, y el sector privado alcanza el 10,87%, Bogotá D.C. baja al 87,35% y la Universidad Distrital el 1,78%; durante el gobierno de Luis Eduardo Garzón como producto de la capitalización de dividendos el sector privado alcanzó el 11,6%, la Universidad Distrital bajó al 1,77% y Bogotá D.C. aparece hoy con la propiedad del 86,6% de E.T.B.
Pero en el 2003, el accionista mayoritario el Distrito Capital representado por el Alcalde Antanas Mockus otorga ilegalmente facultades extras que en la práctica son de veto a favor de algunos socios minoritarios, poderes de usurparon la gobernabilidad y está llevando a E.T.B. cada día a abandonar su función social característica de una empresa de servicios públicos de propiedad estatal.
Y es que se favoreció ilegalmente la participación del sector privado en una forma más que proporcional a la propiedad violando el patrimonio público y la misma ley 142 de 1994, ya que con solo una participación en propiedad de no más del 11% (solo da derecho a un miembro de Junta) los minoritarios privados tienen una representación en la Junta Directiva como si tuvieran un 29% (dos de 7 miembros de la Junta) además de que E.T.B. y Bogotá quedaron subordinados a las minorías del sector privado ya que textualmente la Declaración del accionista Mayoritario estableció que “…Bogotá o a quien ésta enajene o transfiera su participación accionaria a cualquier título, se compromete a proponer y a votar con sus respectivas acciones, en la Asamblea de Accionistas de ETB, de forma tal que en cualquiera de los eventos que se enumeran a continuación, la Junta Directiva deberá deliberar, cuando menos, con seis (6) directores, y las decisiones correspondientes deberán adoptarse con el voto afirmativo de por lo menos cinco (5) de los directores presentes…“ (Numeral 4.5 Quórum Especial, página 17 de la Declaración del accionista mayoritario de E.T.B. La misma se puede descargar de la página web
http://rodrigoacosta.com/phocadownload/PRIVATIZACION/
DECLARACION%20DEL%20ACCIONISTA%20MAYORITARIO%20DE%20ETB%202003.pdf)
En temas relacionados con: la Disposición de Activos (La venta, liquidación, transferencia a cualquier título o enajenación o arrendamiento de activos fijos de ETB…), endeudamiento, inversiones, otorgamiento de garantías, designación del Presidente y Vicepresidente, aspectos de contratación, cambios en la estructura de personal y hasta los aumentos de capital.
El proceso privatizador: Para avanzar en los anteriores propósitos los gobiernos han procedido a realizar la desregulación del sector, durante el gobierno de Barco se expide la Ley 72 de 1990 de facultades extraordinarias, base para la expedición del D.L 1900, y 1901. La carta Política en el art 365 estableció al igual que para todos los servicios públicos domiciliarios la intervención privada base para la expedición de la Ley 142 de 1994 que dio cobertura a los servicios de telefonía pública básica conmutada local, local extendida, larga distancia nacional e internacional y móvil rural, la ley 37 de 1993 reguló la telefonía móvil celular, la ley 555 de 2000 la comunicación móvil personal P.C.S.
Fue con la ley 671 de 2001 que en forma deplorable el gobierno y el Congreso aprueba el Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos Específicos de Colombia, hecho en Ginebra el 15 de abril de 1997 de la Organización Mundial del Comercio OMC, relativo a las telecomunicaciones y se imponen las definiciones y políticas sobre : instalación esencial, proveedor dominante o importante, salvaguardas de competencia, interconexión, la asignación y utilización de recursos como son las frecuencias.
De allí en adelante la Comisión de Regulación de las telecomunicaciones expiden una amplia diversidad de resoluciones, ajustando e imponiendo en forma previa y premeditada el TLC Tratado de Libre Comercio, por ejemplo en cuanto a la segmentación de la red (desagregación del bucle de abonado) todo a favor de los operadores entrantes – trasnacionales- que al lado del silencio cómplice del Ministerio de las Comunicaciones y la Comisión nacional de Televisión CNTV ocasionan el monopolio en manos de las transnacionales.
Asi entonces se ha producido una asimetría regulatoria que solo hasta ahora intenta ser paliada mediante la ley 1341 de 2009, gracias al esfuerzo legislativo de algunos sectores, ley denominada de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, pero que yo denominaría como una Ley antimonopolio que le permite a las empresas locales EMCALI, EICE ESP , ETB ESP, UNE y sin restricciones prestar todos los servicios de telecomunicaciones, la provisión de redes e incursionar en la industria de las TIC. Se permite ahora a las empresas publicas la prestación de: la telefonía móvil (se acabó el monopolio al menos en el escritorio), wimax móvil o banda ancha inalámbrica para usos corporativos así como por 3,5 G, televisión TVIP, todos los servicios de valor agregado, servicios satelitales, contenidos y entretenimiento, así como ingresar a la industria sectorial. (artículo 10 de la ley 1341)
También se obliga a que se realice el pago justo en el uso de las infraestructuras de las empresas públicas, esto frente al uso indiscriminado e inequitativo que se ha venido haciendo por los operadores entrantes y los mismos operadores celulares en tal sentido la desagregación de la red tendrá una barrera que es el pago real de los costos.
En igual sentido, la Ley reduce la cuantía de los pagos del espectro ya que solo se realizan al momento de la asignación o renovación, en tal sentido EMCALI E.I.C.E. E.S.P. tendrá un ahorro cercano superior a los 2.500 millones de pesos anuales. (Artículo 11, 12 y 13 de la Ley 1341 de 2009.)
Las empresas han iniciado entonces la prestación de la televisión basada en protocolo IP, ello considerando la habilitación general. La televisión por suscripción que corresponde a las decisiones de la Comisión Nacional de Televisión se asignaran en breve plazo, y las favorecerá ETB Y EMCALI se encuentran inscritas en el registro único de proponentes con solicitud de dichas licencias. (Artículo 10 de la Ley 1341 de 2009.)
Se recupera el déficit entre los subsidios y las contribuciones que pesaban negativamente contra las empresas prestatarias de los servicios de telefonía pública básica conmutada como producto del des balance producido por la Ley 812 de 2003 y que suma hoy a favor un valor aproximado a 150.000 millones de pesos.
Se da inicio a la financiación de los servicios de banda ancha para los estratos 1 y 2 con recursos del Fondo de Comunicaciones y con la operación y gestión en el caso regional
Pero lamentablemente la Ley elimina los subsidios dentro de 5 años, lo cual conlleva aumentos tarifarios anuales de cerca del 18% para los estratos uno, dos y tres aunque dichos subsidios serán del manejo directo de las empresas durante este periodo de transición. Son 5 años para luchar y recuperar.
Por otro lado si se consuman los procesos de privatización regional todas estas bondades irán a parar a manos de las transnacionales, por lo que se pone de presente enfrentar las privatizaciones aprobadas de E.T.B., EMCALI y la planeada en UNE, así como la recuperación de TELECOM, y de los sectores monopolizados por Telmex y Telefónica de España.
Es la hora de las decisiones: Es preciso reivindicar las importantes luchas que hoy adelanta la ciudadanía de Cali y el sindicato SINTRAEMCALI, así como las acciones de Sintrateléfonos.
Pero es la hora de dar un salto cualitativo a estas luchas a veces desarticuladas: debemos denunciar, crear proyectos alternativos basados en la defensa del patrimonio público y natural, concientizar las bases poblacionales en los barrios y centros de trabajo mediante procesos educativos, crear reales procesos de comunicación comunitaria y alternativa, que los sindicatos desde sus juntas directivas y afiliados sin distingo alguno se esfuercen en fortalecer la organización ciudadana, y que los comités, vocales de control, ligas, uniones y Mesas de Trabajo hagamos otro tanto, que avancemos realmente desde las organizaciones sociales y los partidos y movimientos políticos progresistas a crear organización popular consciente y no simples espacios burocráticos y a generar fuertes procesos de movilización, como única forma de escribir una historia de defensa de nuestra nacionalidad, de nuestro territorio, de nuestro patrimonio natural y público y de nuestra soberanía.
¡ Realmente es la hora de las decisiones !.
