Unión Nacional
de Usuarios y Defensores
de los Servicios Públicos
El referendo del agua se contrapone a la política neoliberal para el sector de Acueducto y Alcantarillado
Elizabeth Beaufort
Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos
El interés del sector privado y las multinacionales por el agua como negocio lleva más de dos décadas. Fue en la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente de Dublín (1992) que las Naciones Unidas y el Banco Mundial declararon el agua como bien económico por el cual se podía cobrar aún a los más pobres. Desde entonces, se ha tenido el propósito de crear un cartel del agua que controle todos los aspectos del negocio desde la captación y potabilización, pasando por la distribución y el tratamiento de aguas servidas. Para ello la banca multilateral ha promocionado créditos sectoriales de tienen como condición la privatización de los sistemas públicos de agua y alcantarillado y los gobiernos han impulsado reformas institucionales que se ajustan a intereses y valores como la exclusión, la posesión, el monopolio, la ganancia particular o corporativa en lugar de valores tales como la inclusión, la propiedad colectiva y bienes de la comunidad relacionados a bienes comunes como el agua, el aire y los bosques, que históricamente habían sido asequibles a todos sin discriminación alguna y mucho menos por falta de dinero.
En Colombia, la Constitución Política de 1991 y posteriormente la Ley 142 de 1994 (de servicios públicos), con el pretexto de promover la competencia en el mercado como mecanismo para elevar los estándares de eficiencia de las empresas prestadoras de servicios, autorizaron esquemas de prestación del servicio con participación del sector privado, facilitando el ingreso a los primeros operadores especializados internacionales.
Obedeciendo al paradigma neoliberal, que sin fundamento alguno proclama al Estado como ineficiente y corrupto, la Ley 142/94 transforma los servicios públicos en lucrativos negocios olvidando que la razón de ser de éstos es el interés colectivo. Para facilitar la participación de los particulares ordenó constituir empresas de servicios públicos por acciones o Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
Las fórmulas tarifarias, ahora definidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, en adelante deberán garantizar la recuperación de los costos y gastos de operación (expansión, reposición, mantenimiento) y además remunerar el capital, o en otras palabras, arrojar ganancias, de tal manera que el operador recibe anualmente una tasa de retorno sobre el capital invertido similar a la de otras actividades, entre 13% y el 15%.
Los subsidios estatales son eliminados y reemplazados por los llamados subsidios cruzados donde los estratos más altos y, en particular la industria y el comercio, deben subsidiar a los de menores ingresos de tal manera que el estrato uno sea subsidiado en un 50% a 70%, el estrato 2 hasta un 40% y el estrato 3 no más del 15%. El 31 de diciembre de 2005 expiró el plazo para eliminar los rezagos tarifarios existentes por la asignación de subsidiossuperiores a los límites de la ley o que excedían el monto de los recursos generados para cubrirlos, cuestión que redundó en abismales alzas de las tarifas, en especial para los estratos más bajos.
La política privatizadora se profundizará 1998 con la firma de una enmienda al Proyecto de Desarrollo Municipal con el Banco Mundial, Crédito 3336 – CO, que crea el Programa de Modernización Empresarial, PME, que tenía por objetivo proveer asistencia técnica a los entes descentralizados -municipios y departamentos- para vincular al sector privado a la competencia por la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, en por lo menos 5 ciudades intermedias; apoyar la participación del sector privado en la conformación y el fortalecimiento de esquemas regionales para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, que generaran economías de escala y facilitaran adicionalmente la regulación y el control de las entidades prestadoras del sector.
El PME se llevó a cabo hasta que los recursos se agotaron y se dispuso una nueva fase del con la firma del Crédito 7077 del Banco Mundial con recursos para inversión. Por decisión del Gobierno Nacional, el Programa se orientó a la Costa Atlántica del país y se definieron dos tipos de esquemas para la vinculación de operadores privados: el contrato de Operación con Inversión y el contrato Constructor Operador.
La Ley del Plan Nacional de Desarrollo estableció entonces la estrategia de los Planes Departamentales de Agua, PDA, como la política nacional del sector de agua y saneamiento, también respaldados por el documento CONPES 3463 de 2007 y el Decreto 3200 de 2008. Su objetivo ha sido el de condicionar la entrega de recursos del Presupuesto Nacional a la transformación empresarial y la adopción de esquemas regionales que representen mercados más atractivos para los inversionistas privados.
Los PDA operan en detrimento de la necesaria autonomía municipal. En la mayoría de casos se vienen constituyendo empresas departamentales de agua que, entre otras cosas, buscan acabar con los prestadores municipales directos en 670 municipios de menos de 2.500 suscriptores. El Gobierno Nacional también asumió la contratación de las consultorías para elaborar los PDA por $8.380 millones para un total de 26 departamentos, de tal manera que las autoridades regionales no tienen manera de definir sus prioridades en materia de inversión. Todos los recursos para el sector se concentran en una Bolsa de Recursos: los provenientes del Sistema General de Participaciones, SGP, las tarifas ajustadas al marco tarifario vigente, regalías, recursos propios de las empresas, otros recursos de los presupuestos territoriales, aportes de las Corporaciones Autónomas Regionales y los aportes del Gobierno Nacional.
Los recursos públicos que se giran a los municipios son manejados a través de encargos fiduciarios que, por cierto, representan un lucrativo negocio de intermediación financiera, en tanto que los operadores manejan sus inversiones independientemente año tras año. El control sobre los alcaldes llega al punto que si no cumplen con todos los requisitos se suspende el giro y el municipio pierde el manejo de los recursos del SGP para agua potable y estos pasan a manos de los departamentos y quedan vinculados obligatoriamente a los PDA (Decreto 028/2008 de Planeación Nacional).
Más aún, no se garantiza ninguna proporcionalidad entre los recursos aportados por cada municipio y las inversiones realizadas, como se desprende del análisis de la inversión proyectada para el cuatrienio: la prioridad de la inversión son los acueductos y alcantarillados urbanos con 5 billones, los acueductos y alcantarillados zonas rurales reciben un billón; para tratamiento del 50% de las aguas residuales el aporte es de 1.1 billones, para la disposición adecuada de residuos sólidos en 135 municipios 1.1 billones, todo lo cual suma 8.2 billones para el período 2007-2010.
Los recursos 2007-2010, según la fuente son como sigue: 1.4 billones asignados por Audiencias Públicas; 1.5 billones aportados por las entidades territoriales (regalías directas y Fondo Nacional de Regalías); apenas 2.5 billones de los operadores con inversión; 3.2 billones provenientes del SGP (5.4% de los recursos del SGP son para agua potable y saneamiento), para un total de 8.6 billones (Por definir aportes de las CAR).
La innovación de la estrategia de los PDA consiste en adelantar las inversiones para cumplir con las metas en plazos menores, mediante el acceso de los Departamentos a crédito interno o externo, garantizados con la pignoración de regalías y los recursos del SGP hasta el año 2019. No hay recursos nuevos y el Gobierno emitirá bonos del agua para captar recursos del sector financiero.
El crédito provendrá en su mayor parte del Banco Mundial, que ha dispuesto una bolsa inicial de recursos de US$500 millones, el BID y la Corporación Andina de Fomento, CAF. Las inversiones que se adelanten en los próximos 4 años se harán a costa de los recursos disponibles para la próxima décadaSi se requieren mayores recursos de los contemplados en los planes de inversión, necesariamente se aumentarán las tarifas en proporciones similares y se incumplirá con las metas de inversión. (El cargo fijo puede disminuirse, el cargo variable aumenta, dado que se calcula con base en costos medios y no costos marginales SSPD).
Los departamentos de la Costa Atlántica -Cesar, Magdalena y Guajira – ya han contraído cuantiosos empréstitos condicionados con la banca multilateral, que han sido avalados por documentos CONPES donde la nación avala y el Departamento responde. En el caso de La Guajira, el-Departamento puso US$40 millones, el SGP más los operadores US$16 millones, la Nación apenas aportó US$8 millones, Banco Mundial prestó US$90 millones. Entre 2006 y 2022, pagarán US$47 millones en intereses, o sea 52.3% del crédito en tanto que el proyecto arroja en conjunto una ganancia neta de US$54 millones y una tasa de retorno del 19%, según el Banco Mundial.
Para el período 2002-2005, de un total de $13 billones invertidos, que incluye ingresos operacionales, recursos de audiencias públicas y transferencias del SGP, el 56.4% se invirtió en los municipios agrupados en el rango I, 21.6% al rango II, 15% al rango III y 7% al rango IV, según informe de la Superintendencia de Servicios Públicos. De esta manera se vislumbra una gran paradoja: los municipios menores son los que más problemas tienen, pero son los que menos recursos reciben.
Rango I: Prestadores que atienden a más de 400 mil suscriptores
Rango II: Prestadores que atienden entre 400 mil y 80 mil suscriptores
Rango III: Prestadores que atienden entre 80 mil y 25 mil suscriptores
Rango IV: Prestadores que atienden entre 25 mil y 2.500 suscriptores
El costo de la modernización empresarial es para el usuario pues la suficiencia financiera se logró
Las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado subieron considerablemente y en mayor proporción para los menos pudientes. Entre 1998 y 2008 el Índice de Precios al Consumidor, IPC, del sector aumentó en 200%, mientras que la inflación general fue del 92%. El incremento del IPC del sector fue mayor para la población de ingresos pobres, 300% a 2008, que para la de ingresos altos, 132%
Los aumentos en las tarifas de los servicios públicos del sector de agua potable y saneamiento básico obedecen a tres causas principales: i. Eliminación de rezagos tarifarios; ii. Actualización con la inflación y iii. Cambio de uso y estrato.
En promedio en las empresas del Grupo I, la Tarifa media Básica Aplicada, TMBA, por consumo de 20 metros cúbicos registró un incremento del 36% en el estrato 1, del 23% en los estratos 2 y 3 y del 3% en el estrato 4. Por el contrario, en los estratos 5 y 6 se registró una disminución del 4 y 13%, respectivamente; los sectores industrial y comercial se vieron favorecidos con una reducción del 8%, y en el sector oficial se presentó una reducción del 3%.
En alcantarillado, la TMBA registró un incremento del 54% en los estratos 1 y 2, del 45% en el estrato 3, del 20% en el estrato 4, del 11% en el estrato 5 y del 1% en el estrato 6. Por el contrario, los sectores industrial y comercial se vieron favorecidos con una reducción del 4%, y en el sector oficial se presentó un incremento del 6%.
La iniquidad en el alza de las tarifas se hace más patente cuando el 20% más pobre de la población emplea más del 8% de sus ingresos en el pago del agua y al verificar que hay miles de familias, que al no poder pagar se les priva de este preciado líquido. Cerca de 400 mil usuarios desconectados al año (1.6 millones de personas): 236 mil en Bogotá, 60 mil en Medellín, 15 mil en Cartagena, según la SSPD, 2006.
En cuantoa la ampliación del servicio, pese a los ingentes recursos invertidos, la cobertura de alcantarillado para los grupos I y II continúa presentando niveles superiores al 80%, mientras que la cobertura de los grupos III y IV sigue presentando niveles inferiores al 80%, lo que refleja una deficiencia en el sector y se registra una baja destinación de recursos para el mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, según lo confirma la SSPD.
El índice de agua no contabilizada en 2005 continúa siendo muy alto. Las mayores pérdidas de agua se observan en los Grupos III y IV, con el 53% de agua no contabilizada, seguidos por las empresas del Grupo II, con el 51% y 39% en el grupo I.
Tampoco hemos mejorado en la calidad del agua. En promedio, al 32% de los colombianos se les suministró agua no potable durante el periodo 2002-2005. El suministro de agua no apta se concentró durante el año 2005 en poblaciones menores de 20.000 habitantes.
La calidad de la prestación de los servicios no mejora sustancialmente pero el propósito privatizador sí se ha cumplido. Para el 2006 hay 165 empresas con participación privada El 85% de los operadores que atienden a poblaciones de más de 100.000 habitantes son de naturaleza privada. Según la SSPD, Registro Único de Prestadores para el 2006 se contaba con 349 prestadores de más de 2.500 suscriptores de los cuáles 141 de ellos eran de naturaleza jurídica privada, 109 Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 24 Empresas Mixtas. El saldo se reparte entre prestadores oficiales, en 726 (66%) municipios u organizaciones autorizadas. MAVDT, 2006. Se calcula que el 34% de los grandes prestadores son privados. La prestación directa a través de municipios, propia de las empresas con menos de 2.500 suscriptores, se ha venido reduciendo cada vez más. Seis de los 30 principales grupos empresariales son extranjeros: Aguas de Barcelona y Suez en Cartagena, Canal Isabel II en Barranquilla, entre otras.
El futuro que debemos evitar
Wenonah Hauter, Directora Ejecutiva de Food and Water Watch nos alerta sobre el futuro que nos depara si se continúa por el camino trazado por los grandes intereses corporativos:
“Es un futuro donde el agua está siendo controlada por un poderoso cartel corporativo que ha tomado control de cada aspecto del agua para su propio beneficio. Es un futuro donde las multinacionales poseen los ríos, lagunas y acuíferos y donde los servicios municipales de acueducto son privatizados. Es un mundo donde las corporaciones venden a las élites enormes cantidades de agua envasada en plástico a precios exorbitantes y donde todo el mundo toma aguas negras reutilizadas. Es un futuro donde las corporaciones compran, venden y comercian agua en el mercado abierto; y donde transportan agua por enormes tuberías a cientos y, a veces, miles de millas de las cuencas y acuíferos para venderla en las grandes ciudades e industrias. Es un mundo donde en lugar de prevenir la enorme contaminación –se le paga a las compañías grandes montos de dinero por dudosas soluciones tecnológicas para descontaminar”.
En Colombia más de dos millones de ciudadanos han respaldado con sus firmas el referendo del agua que el acueducto y alcantarillado sea un servicio público sin ánimo de lucro prestado exclusivamente por el Estado y las comunidades organizadas, se garantice el derecho fundamental al agua con un mínimo vital gratuito para todos los hogares y se protejan los ecosistemas hídricos esenciales. El referendo se encuentra en la Comisión Quinta de Senado para su discusión y aprobación y se espera que el legislativo respete el texto del referendo respaldado por una multitud de firmas y se convoque cuanto antes para que el pueblo decida sobre el futuro del agua.
La estrategia privatizadora se está ensayando en Colombia a pesar de las experiencias fallidas que el mismo BID ha documentado en América Latina. De los 14 casos considerados, en 10 casos las empresas volvieron a manos públicas y en los cuatro restantes los operadores privados internacionales hicieron alianzas con empresas locales.
Las luchas como la emblemática “guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia, han sido definitivas en la salida de las multinacionales del agua de la región. Ante las impagables tarifas cobradas, la ciudadanía se levanta en protesta y cuando las multinacionales perciben que ya no pueden obtener las ganancias deseadas terminan por abandonar el país a su suerte sin cumplir con las inversiones pactadas. Con un profundo conocimiento del sector en todo el mundo, Maude Barlow en su libro Oro Azul, sostiene que:
“El agua forma parte del legado del mundo y debe permanecer bajo dominio público para siempre, protegida por una rigurosa legislación local, nacional e internacional”.
