Unión Nacional
de Usuarios y Defensores
de los Servicios Públicos
Ponencia
Situación política nacional, TLC,
y servicios públicos domiciliarios
Celebramos, hace cinco años ya, el I Congreso Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios. En dicho congreso analizamos la situación nacional e internacional, y adoptamos un programa, unas normas de funcionamiento y unos métodos de lucha. Aprobamos entre varias resoluciones, una, donde manifestábamos nuestra oposición al Tratado de Libre Comercio TLC, que empezaba a negociarse con los Estados Unidos, y otra, donde señalábamos que, para alcanzar los objetivos planteados, recurriríamos a la marcha, el paro, la protesta y que echaríamos mano de mecanismos de participación popular como el Referendo, la Iniciativa Popular Legislativa, la Acción Popular y demás, consagrados en la Constitución. Y, a decir verdad, durante estos cinco años hemos adelantado, de manera conjunta o como organizaciones individuales, luchas y movilizaciones y usado esos mecanismos y el programa, para defender a los usuarios, el patrimonio público y la nación.
Un balance de lo realizado nos permitirá continuar el proceso que comenzó hace cinco años, corregir lo que sea necesario y profundizar en los aciertos alcanzados para que la Unión Nacional de Usuarios juegue, cada día más, el papel que puede y debe jugar en la actual situación nacional.
Los rasgos característicos de la etapa que atraviesa la nación pueden definirse como de profundización de la política imperialista neoliberal y de lento crecimiento de la resistencia civil y la unidad popular.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha logrado, en medio de las recurrentes crisis políticas que lo sacuden, consolidar sus mayorías e implementar el programa de privatización y entrega de los recursos nacionales y de las empresas estatales. Así mismo, bajo diversas formas, ha continuado su inclemente súplica para que el imperio le ratifique el Tratado de Libre Comercio TLC y se ha dado a la tarea de promover, además, la negociación de otros tratados con la Comunidad Europea, Canadá, algunos países del Norte de Europa y hasta con Corea del Sur. Sin embargo, la oposición, tanto en Colombia como en esas naciones, ha impedido la aprobación de los mismos, así haya suscrito ya el TLC con Estados Unidos. En esta batalla, la Unión de Nacional de Usuarios ha aportado su grano de arena, explicando a sus afiliados las nefastas consecuencias que la aplicación de tales tratados traería para la biodiversidad del país y las fuentes de agua, las telecomunicaciones, los usuarios y la nación.
Para consolidar su entrega de la nación, suscribió hace pocos días un tratado con los Estados Unidos que permite el uso de siete bases militares colombianas por parte de tropas estadounidenses y facilita el uso de cualquier aeropuerto internacional de Colombia por parte del ejército gringo. Semejante política no sólo nos enemista con prácticamente todas las naciones suramericanas sino que nos involucra dentro de la estrategia de control militar desarrollada por esa potencia en el mundo. Pero, además, coloca la región amazónica y la orinoquía en la mira de los monopolios, que quieren esta parte del mundo como inmenso filón para sus negocios.
También ha logrado el gobierno, a través de los Planes Nacionales de Desarrollo, implementar varias políticas que afectan negativamente la vida material, los ingresos y el bienestar de nuestro pueblo. En nuestro sector, nos afectan de manera especial las que tienen que ver con los Planes Departamentales de Agua, las nuevas fórmulas para el cálculo de tarifas, las reestratificaciones, el cambio que se presenta en el servicio de telefonía local y larga distancia nacional e internacional por efecto de la Ley de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las que se derivan de la entrega de la Energía y el Gas a las multinacionales.
Frente a los continuos desafueros de la panda plutocrática que nos gobierna, la Unión Nacional de Usuarios, a través de sus organizaciones o como tal, ha desarrollado las tareas y movilizaciones que las condiciones le han permitido. Ha respaldado a las organizaciones sindicales o sociales hasta donde su fuerza y capacidad ha dado y se ha esforzado para colaborar en la investigación, el estudio y la difusión de muchas de las problemáticas que afectan a los usuarios. También de manera más o menos exitosa, ha luchado por unificar a diversos sectores para enfrentar, organizadamente, las políticas sectoriales del régimen.
Muchos de esos esfuerzos los ha hecho en medio de las inmensas dificultades económicas y logísticas que padece. Sin embargo, sus aportes al proceso del Referendo del Agua, a luchas como las de los desconectados, a iniciativas como la de presentar resistencia a la venta de las electrificadoras regionales; sus tareas de estudio, crítica y oposición, a los planes departamentales de agua; su acercamiento y organización de los acueductos rurales; su actitud de desenmascarar sin vacilación las nuevas fórmulas tarifarias; la lucha contra la privatización y el desmembramiento de las empresas públicas de Cali, Medellín y la ETB; la realización de foros, seminarios y publicaciones periódicas sobre estos y otros temas, al igual que la participación en debates en diferentes escenarios para difundir las propuestas y el programa de la Unión, nos han permitido, con mayor o menor incidencia, ganar un respaldo y un lugar en la lucha de los usuarios.
Aunque hemos avanzado o sostenido una presencia a lo largo y ancho del país, no podemos ocultar que en varias zonas donde habíamos logrado construir organización, éstas se han diluido o perdido actividad y fuerza. En unos casos, porque la organización nació para la solución de algún problema concreto y no logró proyectarse más allá y en otros casos porque, una vez resuelto el problema, fuera porque se ganará o se perdiera, la organización, con todo y los esfuerzos realizados, no logra mantenerse.
Este, el problema organizativo, es sin lugar a dudas, uno de los asuntos que debemos estudiar con cuidado a fin de que podamos mantener y fortalecer las organizaciones que con tanto esfuerzo fundamos.
Uno de los asuntos que debemos tener en cuenta en este propósito es que, por las especiales características de las organizaciones que somos, ganamos espacios mientras atendemos reclamos colectivos de la población pero, una vez resueltos, la mayoría de las personas a quienes movilizamos o defendemos, se hacen a un lado y vuelven a participar, sólo cuando vuelven a tener un problema que los involucre.
Sin embargo, se mantienen pequeños núcleos que se comprometen, están pendientes de atender los problemas o de plantear nuevos, y que, con su actitud de permanencia, garantizan la existencia de la organización. Y, es aquí donde debemos pensar en una táctica que facilite procesos de estructura organizativa y cohesión, tanto locales como nacionales. En ese sentido, la experiencia acumulada alrededor del proceso del referendo del agua entrega varios elementos que debemos tener en cuenta. Veámoslos, ésta es una propuesta que:
- Permite un trabajo de organización local, regional y nacional.
- Facilita una confluencia de diferentes sectores de la vida nacional, que se materializa en un comité nacional y en unas formas organizativas que involucran a miles de compatriotas.
- Propicia un debate nacional sobre un problema que afecta a millones de colombianos.
- Promueve la participación de miles de activistas y el desarrollo continuo y de alguna manera duradero de actividades de movilización social.
- Ayuda a confrontar las diferentes políticas que aplican para el sector de agua potable y saneamiento básico, el gobierno y el imperio.
- Permite un proceso de acumulación de fuerza en un período nacional en el cuál la lucha social es poca.
- Facilita el estudio y la promoción de una forma diferente, para el manejo del agua, alejado de la “economía de mercado” y
- Es una propuesta que, independiente de si se gana o se pierde, genera conciencia entre millones de colombianos, sobre la importancia del agua como bien público, su manejo estatal y comunitario, su cuidado y protección y la necesidad del mínimo vital gratuito para su disfrute.
Al final del camino, lo que tendremos, será a millones de personas ilustradas sobre tan vital asunto y dispuestas y claras para distinguir entre quienes son los que quieren poner el agua, al servicio de los negocios y quienes quieren ponerla al servicio de los pueblos. Si entendemos que las transformaciones que se requieren serán el resultado de un largo proceso de acumulación de fuerza, de trabajo paciente para acrecentarla y de formas correctas para alcanzarlas, entenderemos la importancia de las acciones que hoy desarrollamos y haremos conciencia del acumulado que adquirimos. Acumulado sin el cual no serán posibles las transformaciones que proponemos.
En ese sentido, el II Congreso Nacional de la Unión de Usuarios deberá dar un paso adelante, aprendiendo de la experiencia atesorada en los diversos procesos. Debemos definir una táctica que nos permita, de una parte, legalizar y, en particular, construir organización en todos los municipios de Colombia y de otra, encabezar una batalla para erradicar del sector la presencia de las grandes multinacionales y los “cacaos” nacionales.
Un referendo para eliminar el artículo 365 de la constitución -en lo que a la participación de los privados respecta- nos permitiría promover un gran debate sobre la privatización y sobre si es necesaria o no la presencia del capital extranjero en el sector, sobre si los colombianos podemos manejar, con soberanía y autonomía, nuestros servicios y empresas, sobre si la acumulación de capital y riqueza que genera el sector debe estar al servicio de la nación y de su progreso o al servicio y progreso del capital dueño de esas multinacionales.
Esta decisión obligaría a la Unión Nacional de Usuarios a elevar su capacidad organizativa, argumentativa y financiera. Nos pondría en la necesidad de desarrollar una actividad permanente que, atendiendo los asuntos del día a día, promueva discusiones de fondo sobre cómo se prestan y cómo deberían prestarse los servicios públicos, cómo deberían ser las tarifas, quién los debe financiar, y hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos nacionales para garantizar el acceso, la calidad y la expansión de los servicios.
Acometer, de común acuerdo, esta tarea requiere que la Unión Nacional de Usuarios logre concitar la voluntad de quienes hoy son afiliados a la misma pero sobretodo de miles de organizaciones sociales, comunales, sindicales, ambientalistas, cívicas y populares a las que se podría interesar en la propuesta. Eso implicaría, así mismo, un proceso de definición del contenido del referendo, de los temas a abordar, de los mecanismos para seleccionar el equipo coordinador, de preparación de los materiales teóricos que lo sustenten y de la organización que abríamos de darnos para materializar la propuesta.
En este sentido el II Congreso debe, si acepta la propuesta, conformar un equipo amplio y representativo que, con el Comité Nacional Coordinador que se elija para el nuevo período de la Unión, cree las instancias de proposición y debate que permitan, en el primer semestre del año entrante, definir lo que sea necesario de definir, para poder emprender, a más tardar en los primeros días de julio, con la logística requerida, la ineludible movilización social que demanda la tarea.
También debe este Congreso, si así lo aprueba, desarrollar dos campañas nacionales, una dirigida a explicar y denunciar la gravedad de la presencia de tropas norteamericanas en el territorio patrio y otra, la de denunciar y oponerse a la aprobación de los tratados de libre comercio, en especial, al que se negocia por estos días con la Unión Europea.
No es uno sino varios los monopolios que, con origen en Europa, cometen todo tipo de atropellos contra los usuarios. Unión Fenosa, Endesa, Indra, Aguas de Barcelona, Gas Natural, Telefónica, Canal Isabel II. Aguas de Suez y otras más que entroncadas con la minoría gobernante desarrollan tanto en los servicios de agua como en los de energía y gas un descreme del mercado. Los continuos levantamientos de poblaciones enteras en especial en la costa atlántica del país, como el reciente de San Andrés de Sotavento, dejan ver a las claras que las inversiones que realizan son a cuenta gotas mientras que el retorno de las utilidades a sus casas matrices es a chorros.
Finalmente, por la relevancia del tema, por las amenazas que para la soberanía nacional y para los recursos naturales, en especial el agua y los minerales que subyacen en la orinoquía y la amazonía, no sólo de Colombia sino de las demás naciones suramericanas, y porque nos involucra en la estrategia estadounidense de control de América del Sur y el mundo, que incluye el control de las fuentes de energía, en especial del petróleo, debemos promover una campaña nacional contra la presencia de tropas militares norteamericanas en nuestro territorio y, en ese sentido, la Unión Nacional de Usuarios debe, si así se acepta por parte del II Congreso, participar de la Coalición No a las Bases que vienen promoviendo importantes organizaciones sociales del País.
Con estos rumbos de acción y lucha claros, avancemos en la construcción de la Unión Nacional de Usuarios y en las tareas aprobadas en el II Congreso.
